Medidas para combatir los retrasos en la ejecución de las obligaciones de pago

Con el objetivo de promover la competitividad empresarial y fortalecer la funcionalidad del mercado rumano como parte integral del mercado interno de la Unión Europea, se ha vuelto necesario establecer mecanismos eficientes para combatir los retrasos en la ejecución de las obligaciones de pago resultantes de contratos entre profesionales y entre ellos y autoridades contratantes.

Como resultado, se adoptó la Directiva 2011/7/UE, la cual fue transpuesta a Rumania a través de la Ley 72/2013. La Ley N.º 72/2013 regula medidas para combatir los retrasos en la ejecución de las obligaciones de pago de sumas de dinero resultantes de contratos entre profesionales y entre ellos y autoridades contratantes.

La ley se aplica a reclamaciones ciertas, líquidas y exigibles, que consisten en obligaciones de pagar sumas de dinero que resultan de un contrato celebrado entre profesionales o entre ellos y una autoridad contratante. El contrato tiene como objeto el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluyendo el diseño y la ejecución de obras públicas, edificaciones y trabajos de construcción civil.

Es importante tener en cuenta que no están cubiertos por la mencionada ley los siguientes casos:

• Reclamaciones inscritas en la lista de acreedores dentro de un procedimiento de insolvencia y reclamaciones sujetas a un mandato ad-hoc, concordato preventivo o a un acuerdo resultado de negociaciones extrajudiciales para la reestructuración de deudas de una sociedad.
• Contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

Entre las disposiciones más importantes de la Ley N.º 72/2013 se encuentran las siguientes:

1. El plazo máximo de pago del precio es:
   – 60 días entre profesionales;
   – 30 días entre autoridades y profesionales.
   Excepcionalmente, las partes pueden estipular un plazo de pago diferente en el contrato, siempre que esta cláusula no sea abusiva.
2. Determinación de las tasas de interés penalizadoras y el momento a partir del cual comienzan a acumularse.
3. Establecimiento de daños mínimos de 40 euros.
4.  Mención de ejemplos de cláusulas abusivas y criterios que el tribunal puede considerar al calificar una cláusula como abusiva.

Una novedad es el inicio del reemplazo de la Directiva 2011/7/UE mediante la propuesta de la Comisión Europea del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el retraso en los pagos en las transacciones comerciales.

Considerando las dificultades identificadas, como la falta de medidas preventivas y mecanismos eficaces para garantizar el cumplimiento de la legislación, se proponen principalmente los siguientes cambios:

• Introducción de un plazo de pago único para transacciones comerciales, 30 días a partir de la fecha de recepción de la factura por parte del deudor o una solicitud de pago equivalente, siempre que el deudor haya recibido los bienes o servicios;
• Eliminación del derecho de las partes de establecer un plazo de pago contractual (excepto en situaciones en las que constituirían un abuso de derechos contra el acreedor);
• Eliminación también del derecho del acreedor de renunciar a su derecho de reclamar penalizaciones por retraso al deudor;
• La tasa de interés penalizadora sería debida automáticamente en caso de incumplimiento del plazo de pago (sin la obligación de notificación o puesta en demora por parte del acreedor);
• Imposición de un procedimiento especial para obtener un título ejecutivo para la recuperación de la deuda, en un plazo de 90 días, independientemente del valor de la reclamación.

Así, la Directiva 2011/7, transpuesta a través de la Ley 72/2013, ya no será aplicable a partir de la fecha en que el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el retraso en los pagos en las transacciones comerciales entre en vigencia.