Diseñadas para ofrecer un camino eficiente para la reparación colectiva de los intereses de los consumidores, estas acciones de representación son actualmente objeto de un proyecto de ley que ha sido adoptado por ambas cámaras del Parlamento y está a la espera de la promulgación por parte del presidente del estado. En este sentido, el objetivo del proyecto de ley es disuadir prácticas ilegales y minimizar el daño causado a los consumidores, fortaleciendo así los mecanismos de protección otorgados a nivel de los intereses colectivos de los consumidores, en lugar de exclusivamente a nivel individual.
La futura ley busca transponer a la legislación nacional la directiva europea sobre los derechos de los consumidores, aunque el plazo haya sido superado, debiendo haberse realizado la transposición antes de diciembre de 2022.
Esencialmente, el proyecto de ley otorga la posibilidad a entidades calificadas, ya sean autoridades públicas u organismos privados pero independientes, de solicitar en nombre de varios consumidores el cese o prohibición de una conducta ilícita de un comerciante. En este sentido, la categoría de remedios que pueden ser solicitados por estas entidades calificadas abarca la obtención de compensaciones, reparaciones, reemplazos, reducciones de precios, terminaciones de contratos o reembolsos del precio pagado, según corresponda. El objetivo es garantizar un alto nivel de protección para los intereses de las personas que han sufrido daños tanto a nivel nacional como transfronterizo.
La representación colectiva de los intereses de los consumidores por parte de la entidad calificada solo puede llevarse a cabo en la medida en que cada consumidor brinde su consentimiento por escrito dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la acción legal. Otorgar el consentimiento equivale a la imposibilidad de que esos consumidores presenten otra acción legal contra el mismo comerciante con el mismo objeto, tanto de manera individual como colectiva.
Para mayor claridad, el proyecto de ley define la noción de “entidad calificada”, es decir, cualquier organización o organismo público que represente los intereses de los consumidores y que haya sido designada por un estado miembro de la Unión Europea calificado para iniciar acciones de representación de acuerdo con esta ley. Específicamente, estas entidades serán asociaciones de consumidores, incluyendo aquellas con miembros de al menos dos estados miembros de la UE. Además, en áreas donde tengan atribuciones, las entidades calificadas pueden incluir también a autoridades y organismos públicos con atribuciones en la aplicación de leyes relacionadas con contratos con comerciantes, profesionales o proveedores de servicios, entre otros.
Los comerciantes y las entidades calificadas tienen la opción de negociar la naturaleza de las compensaciones que se otorgarán a los consumidores afectados. En caso de que el resultado de las negociaciones se considere injusto, el tribunal puede rechazarlo. De lo contrario, los acuerdos se vuelven obligatorios tanto para el comerciante como para la entidad calificada.
Finalmente, el proyecto de ley también establece las sanciones que se pueden imponer a los comerciantes: multas de hasta 100,000 lei en caso de que no cumplan con las decisiones judiciales como resultado de una acción presentada por una entidad calificada que busca proteger los intereses colectivos de los consumidores.
Sin embargo, el proyecto de ley no es, al menos por el momento, aplicable. Para que tenga efectos legales, primero debe ser promulgado mediante decreto presidencial y posteriormente publicado en el Diario Oficial.
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Andreea Bögözi
